El Gobierno admite que el precio del seguro subirá un 6% si las compañías trasladan al recibo el incremento de las compensaciones por accidente.
El Gobierno ha enviado ya al Congreso su proyecto de ley para reformar el sistema que decide las indemnizaciones por accidentes de tráfico. Se trata de un nuevo baremo reclamado desde hace tiempo y con el que están de acuerdo las aseguradoras y las asociaciones de víctimas porque, de entrada, sube un 50% las compensaciones en caso de muerte y un 35% para lesiones graves. Aunque los cambios pueden significar también que se encarezca el seguro. En la memoria económica que el Gobierno ha remitido a las Cortes y que ha consultado la Cadena SER, el Ejecutivo reconoce que si las compañías trasladan el aumento de indemnizaciones al recibo, éste subirá “un 6% aproximadamente”. Aclara después que dependerá en todo caso de lo que decidan las empresas.
El proyecto de ley fija un baremo objetivo para todos y por ese argumento el ministro de Justicia dijo el pasado 10 de abril, cuando presentó el proyecto en el Consejo de Ministros, que eso evitaría que se incrementaran los precios. Sin embargo, el estudio del impacto económico que hace el Ejecutivo anota: “El impacto global estimado implicaría un aumento de las indemnizaciones que cabría situar entre un 15% y un 16% […] Si se traslada íntegramente el aumento de las indemnizaciones al precio del seguro, éste subiría un 6% aproximadamente”.
En los siguientes párrafos, el Ejecutivo se dedica a explicar que esa es sólo una estimación “de máximos”, porque “si se tuvieran en cuenta solamente los siniestros del último año (…) la repercusión en el precio sería de un 5% aproximadamente”. El cálculo es menor para el año en el que la ley entre en vigor, que sería el año que viene según los planes del Gobierno: “Si consideramos que de la siniestralidad de un ejercicio corresponde un 30% a siniestros ocurridos en el propio ejercicio, podríamos estimar que en el primer año de aplicación del nuevo baremo, la entidad que acordase repercutir el aumento subiría el precio un 1,5% aproximadamente”.
Hay un párrafo incluso subrayado en negrita: “La traslación a precios del impacto es una cuestión propia de la gestión empresarial de cada entidad aseguradora, por lo que es difícil estimar de antemano la repercusión en el precio del seguro en la propuesta del baremo”.
Más adelante incide en esta tesis, aunque da por hecho que el reclamado aumento de las indemnizaciones que se pagan en España acabará teniendo traslación sobre el bolsillo del cliente: “Este aumento de las indemnizaciones de daños personales no tiene por qué tener un reflejo inmediato en los precios del seguro del automóvil, ya que en la determinación del precio del seguro de responsabilidad civil intervienen otros factores como el nivel de competencia en el mercado, los márgenes de las entidades de trasladar o no a precio el incremento de las indemnizaciones, la reducción de costes asociados a la explotación del negocio o factores externos como el mayor o el menor número de siniestros vinculados a la mayor o menor utilización del vehículo relacionado con la evolución del precio de los carburantes”. Sin embargo, y ante la posibilidad de que las compañías sí trasladen los cambios a los asegurados, el Ejecutivo deja por escrito su propia estimación.
100 millones de ahorro en Sanidad
La memoria del Gobierno detalla también el impacto que la nueva ley tendrá en los presupuestos. “Existen también beneficios para la sanidad pública que se derivan de los nuevos perjuicios a resarcir, como los gastos médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves, que se cifran en su conjunto aproximadamente en 100 millones de euros anuales que se indemnizarán a los servicios públicos de salud de las diferentes comunidades autónomas”.
Fuente cadenaser.com
